La presidenta Michelle Bachelet aspira a inaugurar en marzo la remodelación del Coliseo Nacional. A propósito de estos trabajos este domingo en un artículo se señala que “el cierre temporal del recinto le devolvió la tranquilidad” al sector. Según la autora en voz de los vecinos y dirigentes locales, han disminuido las distintas molestias que provoca este recinto.
Esta misma semana Eduardo Frei acompañado de los concejales de la comuna ha lanzado 12 medidas sobre la ciudad y la calidad de vida, desde el mismo mono pilucho, para proponer un estatuto de garantías urbanas. Lo ha hecho en el Estadio Nacional para ejemplificar los conflictos y desafíos que un edificio público representa para los vecinos, la comuna y el país.
Es sabido también, que la Fundación Futuro de Sebastián Piñera tiene planes para el Estadio Nacional. En todo caso independientemente del nivel de profundidad de las propuestas, ninguno de estos proyectos prevé; ni cerrar el estadio, ni cambiar su programa de reciento deportivo de carácter metropolitano y nacional.
Entonces surgen inevitablemente las preguntas de siempre. ¿Cómo podemos hacer compatible la buena vecindad de un recinto de estas características con la comunidad y su entorno? ¿De qué forma se puede garantizar al mismo tiempo, la necesidad de que Santiago cuente con este recinto con la calidad de vida y tranquilidad de los vecinos? ¿Quién dirime este conflicto de intereses? ¿Cuál es el mejor proyecto?
El buen gobierno de la ciudad presupone tener una visión sobre la misma, y esta no puede estar basada en el interés individual o corporativo, sino en el interés público y el bien común. El garante de esta tranquilidad y de la existencia de un equipamiento fundamental para la misma comunidad es el Estado. Pero el rol protagónico de los distintos actores locales es ineludible en la convivencia del sector.
Por eso, un proyecto integrado de remodelación de las 61 hectáreas, que comprenda los barrios aledaños y una visión más completa sobre el transporte público y acceso al recinto. Representa una oportunidad para el desarrollo urbano y puede ser un modelo de actuación -participativa y multisectorial-, que incorpore a la comunidad, los privados, los líderes locales que podamos replicar para otros casos.
En esto no se equivoca el candidato de la concertación, tanto en el ejemplo como respecto del plan auge de la ciudad o estatuto de garantías urbanas. La ciudad es la suma de individuos, comunidades, actividades y funciones necesarias para vivir juntos. Es necesario avanzar a un nuevo pacto urbano de convivencia y los proyectos integrados son una buena oportunidad para garantizar los derechos mínimos de calidad de vida e integración social para todos los ciudadanos.
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