En medio del trafago cotidiano de una ciudad cada vez más compleja y dinámica -en algunos momentos y lugares de mala calidad de vida- abundan los diagnósticos. Algunos fundados otros derechamente interesados. Algunos hechos desde la experiencia de ir de a pie, otros desde la teoría y la experticia. Algunos realizados desde la intervención pública otros desde la oportunidad de negocio. Lo concreto es que la ciudad es la cuestión urgente de este principio de siglo XXI. Reúne conflicto y oportunidad en un mismo momento y lugar, y constituye la plataforma de nuestra estrategia de desarrollo.
Porque a pesar del entusiasmo por el ciber espacio de la globalización o mundialización de la economía, finalmente la innovación y competitividad ocurren en un lugar, en un territorio, en una comunidad, en un paisaje determinado y concreto. Y su éxito o fracaso radica precisamente en como una estrategia de desarrollo coherente hace uso de ese lugar, de ese territorio, de esa comunidad, de ese paisaje singular y diferente a otros del planeta. Y de que forma esa comunidad se identifica con esa política o estrategia.
Por eso llama la atención la ausencia en el debate presidencial de la ciudad, tema clave en la estrategia de desarrollo de cualquier territorio o comunidad. No se explica solo por el olvido. Se explica en parte porque como en otros temas las posibilidades de gobernar los cambios requeridos exceden un periodo presidencial. Sin embargo es evidente que existen tareas de Estado, así como otras de gobierno y parte del liderazgo presidencial radica en poder construir esa agenda publica.
La dificultad para transforma en capital político los logros del mejoramiento de la ciudad, neutralizan la voluntad política de emprender y tomar decisiones estratégicas para nuestro desarrollo. También en este ámbito llego el momento de un cambio de paradigma, estrategia y liderazgo. Abandonar la idea de que la ciudad y nuestra calida de vida es cuestión de expertos, para devolverle la vocería; a la política y a la ciudadanía sobre las decisiones que implican un modo de vida y un modelo de desarrollo.
Son innumerables los aspectos pendientes a enfrentar respecto de nuestros territorios urbanos y rurales, tres líneas estratégicas de acción publica son la base que debieran estructurar la actuación de nuestros lideres y de cada uno de nosotros. El asunto no es más tema de otros, sino de cada uno.
Las ciudades las hacemos entre todos, más participación en las decisiones que afectan la calidad de vida de todos y cada uno es un aspecto determinante. El rol de la política es liderar procesos de aprendizaje en la planificación y la inversión publica y privada en nuestras ciudades lo que podríamos llamar un urbanismo o planificación pedagógica.
Para lo cual, es básico garantizar procesos de participación temprana, en todas sus etapas, escalas y tipos de proyecto. Estos procesos deben contar con el financiamiento adecuado para garantizar el equilibrio de información y asesoría. Debe ser no discriminatoria respecto de minorías o sectores en situación de vulnerabilidad. Vinculante y de responsabilidad compartida en la medida que corresponda a cada espacio de toma de decisiones. Donde la ciudadanía se informe, analice, debata y tome decisiones en las distintas etapas e implementación de los proyectos de nuestras ciudades, comunas y barrios sin eludir en el procedimiento las capacidades y atribuciones de cada uno de los actores.
Esto implica primero que nada, transferir poder a las comunidades locales y regionales, así como institucionalizar instrumentos y espacios de toma de decisión con recursos, bajo la forma de contratos. Permitiendo el concurso y escrutinio publico de las diversas visiones sobre el territorio y sus proyectos en disputas, contribuyendo a desdramatizar el conflicto urbano y a girarlo hacia una mejor convivencia donde el rol del Estado es velar por un equilibrio en las relaciones asimétricas en función del bien común.
Las ciudades deben ser justas y proveer bienes públicos como un mínimo horizontal para la convivencia cotidiana de nuestras comunas y barrios. La equidad urbana y garantía de acceso a la geografía económica de las oportunidades, es fundamental tanto para comunidades vulnerables como para una clase media cada vez más amplia y determinante como capital humano, para una economía inteligente y la calidad de nuestro desarrollo lo que obliga avanzar a garantías universales y el fin del rol subsidiario del Estado.
Es justo también, avanzar en una política de suelo que permita entre otras cosas recuperar una parte de la plusvalía generada por la inversión publica y así poder financiar en parte, estas mismas inversiones en parques, espacios públicos, equipamiento comunitario, vialidad urbana y transporte. Garantizando así, integración y acceso a los servicios públicos y privados; seguridad para una convivencia con paz social; aire limpio y paisajes naturales protegidos como parte de una estrategia de sustentabilidad ambiental para nuestras ciudades.
Las ciudades son para todos, la integración social en el territorio urbano que supere la segregación social y funcional, suprimiendo las fronteras interiores del desarrollo de nuestras ciudades son el desafío de una política de cohesión social y territorial que garantice la protección social de forma universal.
El establecimiento de una política nacional de regeneración urbana de escalas múltiples, que implique la demolición de conjuntos sociales fragilizados en conjunto con operaciones de proyectos urbanos integrales para la reconversión de zonas con potencial de desarrollo urbano para la integración social y funcional. Así también como la coordinación de inversiones publicas en hospitales, liceos, comisarías, consultorios y edificios públicos que aseguren una mayor presencia y proximidad de la gestión publica, son una línea de acción urgente. La que además puede constituirse en un mercado emergente para técnicos, profesionales y emprendedores.
Este desafío requiere por un lado, de la innovación en la industria inmobiliaria e ingeniería social que haga posible operaciones más complejas y coordinadas integrando costos sociales y ambientales a sus proyectos. Los primeros pasos ya están dados de forma exploratoria con el Programa de Recuperación de Barrios, profundizar e integrar nuevas escalas de servicios, equipamiento e infraestructura es el paso siguiente. Por otro lado requiere de una sociedad civil activa, organizada y con capacidad de liderazgo social. Además de un sector publico con mecanismos y procedimientos para la negociación permanente y procesar los conflictos de forma eficaz y productiva.
Finalmente, sino somos capaces de alinear nuestra estrategia de desarrollo (ENIC) con los recursos disponibles del territorio urbano, rural y natural. Al mismo tiempo que nos dotamos de los medios, instrumentos y norma para una mayor regulación, coordinación, planificación e integración en las decisiones publicas y privadas en materias de ciudad y territorio. No podremos enfrentar su crecimiento y mucho menos contar con ellas como una palanca para el desarrollo. De manera que conducir y dotar de gobernabilidad regional y territorial con recursos e institucionalidad, los distintos fenómenos que tensionan actualmente nuestras ciudades son parte de las reformas legales y constitucionales necesarias.
Muchas de las ideas que circulan entre expertos sólo son posibles, si hay más y mejor coordinación entre los distintos sectores de la sociedad; si hay más y mejor información para tomar decisiones; si hay más y mejor participación de los distintos actores. Pero sobre todo, si contamos con más y mejor política para gobernar y conducir el fortalecimiento de la sociedad civil, a la par que lideramos y le damos gobierno al territorio y al crecimiento de nuestras ciudades. La cuestión ciudad es otra vez la calidad de la política.
Porque a pesar del entusiasmo por el ciber espacio de la globalización o mundialización de la economía, finalmente la innovación y competitividad ocurren en un lugar, en un territorio, en una comunidad, en un paisaje determinado y concreto. Y su éxito o fracaso radica precisamente en como una estrategia de desarrollo coherente hace uso de ese lugar, de ese territorio, de esa comunidad, de ese paisaje singular y diferente a otros del planeta. Y de que forma esa comunidad se identifica con esa política o estrategia.
Por eso llama la atención la ausencia en el debate presidencial de la ciudad, tema clave en la estrategia de desarrollo de cualquier territorio o comunidad. No se explica solo por el olvido. Se explica en parte porque como en otros temas las posibilidades de gobernar los cambios requeridos exceden un periodo presidencial. Sin embargo es evidente que existen tareas de Estado, así como otras de gobierno y parte del liderazgo presidencial radica en poder construir esa agenda publica.
La dificultad para transforma en capital político los logros del mejoramiento de la ciudad, neutralizan la voluntad política de emprender y tomar decisiones estratégicas para nuestro desarrollo. También en este ámbito llego el momento de un cambio de paradigma, estrategia y liderazgo. Abandonar la idea de que la ciudad y nuestra calida de vida es cuestión de expertos, para devolverle la vocería; a la política y a la ciudadanía sobre las decisiones que implican un modo de vida y un modelo de desarrollo.
Son innumerables los aspectos pendientes a enfrentar respecto de nuestros territorios urbanos y rurales, tres líneas estratégicas de acción publica son la base que debieran estructurar la actuación de nuestros lideres y de cada uno de nosotros. El asunto no es más tema de otros, sino de cada uno.
Las ciudades las hacemos entre todos, más participación en las decisiones que afectan la calidad de vida de todos y cada uno es un aspecto determinante. El rol de la política es liderar procesos de aprendizaje en la planificación y la inversión publica y privada en nuestras ciudades lo que podríamos llamar un urbanismo o planificación pedagógica.
Para lo cual, es básico garantizar procesos de participación temprana, en todas sus etapas, escalas y tipos de proyecto. Estos procesos deben contar con el financiamiento adecuado para garantizar el equilibrio de información y asesoría. Debe ser no discriminatoria respecto de minorías o sectores en situación de vulnerabilidad. Vinculante y de responsabilidad compartida en la medida que corresponda a cada espacio de toma de decisiones. Donde la ciudadanía se informe, analice, debata y tome decisiones en las distintas etapas e implementación de los proyectos de nuestras ciudades, comunas y barrios sin eludir en el procedimiento las capacidades y atribuciones de cada uno de los actores.
Esto implica primero que nada, transferir poder a las comunidades locales y regionales, así como institucionalizar instrumentos y espacios de toma de decisión con recursos, bajo la forma de contratos. Permitiendo el concurso y escrutinio publico de las diversas visiones sobre el territorio y sus proyectos en disputas, contribuyendo a desdramatizar el conflicto urbano y a girarlo hacia una mejor convivencia donde el rol del Estado es velar por un equilibrio en las relaciones asimétricas en función del bien común.
Las ciudades deben ser justas y proveer bienes públicos como un mínimo horizontal para la convivencia cotidiana de nuestras comunas y barrios. La equidad urbana y garantía de acceso a la geografía económica de las oportunidades, es fundamental tanto para comunidades vulnerables como para una clase media cada vez más amplia y determinante como capital humano, para una economía inteligente y la calidad de nuestro desarrollo lo que obliga avanzar a garantías universales y el fin del rol subsidiario del Estado.
Es justo también, avanzar en una política de suelo que permita entre otras cosas recuperar una parte de la plusvalía generada por la inversión publica y así poder financiar en parte, estas mismas inversiones en parques, espacios públicos, equipamiento comunitario, vialidad urbana y transporte. Garantizando así, integración y acceso a los servicios públicos y privados; seguridad para una convivencia con paz social; aire limpio y paisajes naturales protegidos como parte de una estrategia de sustentabilidad ambiental para nuestras ciudades.
Las ciudades son para todos, la integración social en el territorio urbano que supere la segregación social y funcional, suprimiendo las fronteras interiores del desarrollo de nuestras ciudades son el desafío de una política de cohesión social y territorial que garantice la protección social de forma universal.
El establecimiento de una política nacional de regeneración urbana de escalas múltiples, que implique la demolición de conjuntos sociales fragilizados en conjunto con operaciones de proyectos urbanos integrales para la reconversión de zonas con potencial de desarrollo urbano para la integración social y funcional. Así también como la coordinación de inversiones publicas en hospitales, liceos, comisarías, consultorios y edificios públicos que aseguren una mayor presencia y proximidad de la gestión publica, son una línea de acción urgente. La que además puede constituirse en un mercado emergente para técnicos, profesionales y emprendedores.
Este desafío requiere por un lado, de la innovación en la industria inmobiliaria e ingeniería social que haga posible operaciones más complejas y coordinadas integrando costos sociales y ambientales a sus proyectos. Los primeros pasos ya están dados de forma exploratoria con el Programa de Recuperación de Barrios, profundizar e integrar nuevas escalas de servicios, equipamiento e infraestructura es el paso siguiente. Por otro lado requiere de una sociedad civil activa, organizada y con capacidad de liderazgo social. Además de un sector publico con mecanismos y procedimientos para la negociación permanente y procesar los conflictos de forma eficaz y productiva.
Finalmente, sino somos capaces de alinear nuestra estrategia de desarrollo (ENIC) con los recursos disponibles del territorio urbano, rural y natural. Al mismo tiempo que nos dotamos de los medios, instrumentos y norma para una mayor regulación, coordinación, planificación e integración en las decisiones publicas y privadas en materias de ciudad y territorio. No podremos enfrentar su crecimiento y mucho menos contar con ellas como una palanca para el desarrollo. De manera que conducir y dotar de gobernabilidad regional y territorial con recursos e institucionalidad, los distintos fenómenos que tensionan actualmente nuestras ciudades son parte de las reformas legales y constitucionales necesarias.
Muchas de las ideas que circulan entre expertos sólo son posibles, si hay más y mejor coordinación entre los distintos sectores de la sociedad; si hay más y mejor información para tomar decisiones; si hay más y mejor participación de los distintos actores. Pero sobre todo, si contamos con más y mejor política para gobernar y conducir el fortalecimiento de la sociedad civil, a la par que lideramos y le damos gobierno al territorio y al crecimiento de nuestras ciudades. La cuestión ciudad es otra vez la calidad de la política.
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